Si Víctor Hugo tuviese que reescribir su famosa novela Los Miserables, cuyo centro es la vida de un personaje pobre que pasa por una serie de vicisitudes dada su condición social, tal vez haría que su protagonista se concentrara en una miseria más grave y más triste, aquella que proviene de la avaricia y de la mezquindad a toda costa. Es la miseria de los grandes ejecutivos que precipitaron la crisis subprime que ha tenido de rodillas a Estados Unidos y Europa los últimos años y que en Chile se manifiesta de cuando en cuando con denuncias que habitualmente afectan a sectores modestos. El caso de La Polar es uno de aquellos que pueden sentar cátedra en materia de abusos y que resaltan el lado más perverso de un sistema económico que admite pocas regulaciones y cuyo diseño es más bien reactivo.

La Polar tuvo que reconocer ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que habían malas prácticas crediticias y que debía provisionar fondos por un monto superior a los cuatrocientos millones de dólares, eso en primera instancia, porque la cifra ha ido en aumento. Estas “malas prácticas” consistieron en repactaciones unilaterales a los créditos de sus clientes, lo que redundaba no sólo en prolongar las obligaciones de éstos sino también en un alza sustantiva de la deuda que, en muchos casos, se hacía imposible de cubrir. Los afectados suman más de cuatrocientas mil personas cuyo nivel de ingreso es, por decir lo menos, ajustado. 

El Directorio de la empresa intentó deslindar responsabilidades aduciendo que fue el área de créditos la que manipuló los resultados mediante prácticas que empujaron a sus clientes a presentar numerosos reclamos al Sernac y que hizo aumentar artificialmente el valor de las acciones de La Polar. Sin embargo, se ha sabido que hay un volumen de personas afectadas cuyas deudas se arrastran ya por siete años y más de cien mil que tienen compromisos impuestos por la empresa en los últimos tres años. Es decir, era un modus operandi habitual. 

¿Pudo el directorio desconocer esta trama a lo largo de tantos años?. Si es así habría que pensar que los mandos medios son maestros en el camuflaje, más aún si consideramos que más del cuarenta por ciento del negocio está puesto en los créditos y no en la venta directa. En ese caso no se trata de un área marginal para los resultados del negocio, sino de una parte relevante que debería ser bastante observada por los directores. Es posible que el Directorio considerara que los intereses y plazos se ajustaban a la realidad de su mercado, como salió a justificar un economista de derecha “se trata de gente que, de otro modo, no tendría crédito en ninguna parte”. Eso pareciera dar pie para que se esquilme a los clientes. 

A mayor abundamiento también hay un porcentaje de personas, al parecer no menor, que recibió una generosa comunicación de la empresa post terremoto bajo el tenor que, atendido la gravedad de la situación, sus deudas automáticamente quedaban repactadas. Una afligida señora contaba en una entrevista en la radio que a un año de la catástrofe su deuda se incrementó en unos trescientos mil pesos y eso, como decía un anuncio años atrás, “sin moverse del escritorio”. Hay otros testimonios similares de esta supuesta ayuda que terminó siendo un descarado abuso y aprovechamiento, al parecer uno de los tantos que se propiciaron a partir de la catástrofe natural. 

Si bien las consecuencias sociales son evidentes, la reacción del gobierno fue de una ambivalencia brutal. El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, al salir de una reunión con el Presidente para analizar el caso y acelerar la creación de un SERNAC financiero, señaló que: "Los mercados están sujetos de vez en cuando a que ocurran accidentes. Así como existen los accidentes automovilísticos también existen los financieros. Las regulaciones en esta materia están bien hechas y van a devolver la tranquilidad a aquellos segmentos del mercado que estén intranquilos". Linda frase para decir que, lo que podríamos calificar como estafados, son para la autoridad “segmentos del mercado que pudieran estar intranquilos”. Por lo demás, son cosas que pasan y si las regulaciones están bien hechas ¿para que avanzar en una nueva institucionalidad como pretende el propio Presidente?. 

Si bien posteriormente el Ministro de Economía ha anunciado mayores investigaciones, también ha tenido que reconocer su pasada vinculación comercial con al menos uno de los ejecutivos que forman parte de la empresa, el director Luis Hernán Paul. Pero este es un problema puntual para el gobierno, el lado más complicado es que varios directores de la empresa cuestionada también estaban designados en empresas públicas. Para disminuir eventuales críticas se les pidió (17 de junio) la renuncia a Heriberto Urzúa (Empresa portuaria San Vicente Talcahuano); Francisco Gana (Trenes Metropolitanos y ENAP); Martín Costabal (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios); Luis Hernán Paul (SEP y ENAMI); y María Gracia Cariola (Sanitaria Essal). Al menos estas renuncias no han contado con manifestaciones públicas de solidaridad ni la parafernalia que se hizo con la salida de la ex Ministra Matte.

El gobierno ha intentado promover la idea que lo ocurrido con La Polar es un problema puntual pero la realidad dista de eso. Lo cierto es que aún regulando el sector del retail los abusos se seguirán dando, como ocurre con los cobros indebidos de las sanitarias o las empresas de servicios básicos, como también se ha denunciado por estos días. Es necesario políticas preventivas, que contemplen duras sanciones penales, y que estas cosas no se resuelvan después de años de padecimientos para gente pobre mientras unos pocos miserables hacen su agosto. Si el Presidente considera que el país está bien y solo la política es la que está mal, este caso es una manifestación clara de su profunda equivocación. 

Existe una responsabilidad política no sólo por la nula fiscalización en este ámbito, algo que la derecha ha venido resistiendo por años, sino porque tampoco se ha avanzado en una institucionalidad que fue, una vez más, promesa de campaña. Para que vamos a hablar de la pérdida en los fondos de pensiones, de la probable quiebra de La Polar que dejará clavada a mucha gente sin indemnización y de las lucrativas ventas de acciones que emprendieron varios ejecutivos y directores el último año, por un monto superior a los quince millones de dólares. Estos detalles probablemente ni siquiera serán tema cuando algunos personeros de gobierno se topen con los involucrados en algún evento social. Es probable que en ese contexto se reflote la tesis de que todo esto es un lamentable “accidente”.